Cuando un matrimonio llega a su fin, una de las cuestiones que puede generar mayor incertidumbre es qué sucede con el patrimonio construido durante la vida en común.

La vivienda familiar, los vehículos, los ahorros, las inversiones, los negocios e incluso las deudas pueden convertirse en puntos de conflicto cuando los cónyuges deciden separarse o iniciar un divorcio.

En este contexto, conocer el régimen de bienes en el divorcio resulta fundamental para determinar qué bienes corresponden a cada cónyuge y cuáles forman parte de la comunidad conyugal.

En Paraguay, la respuesta no consiste simplemente en dividir todo el patrimonio por partes iguales. Primero es necesario determinar qué régimen patrimonial tenía el matrimonio, cuáles son los bienes propios de cada cónyuge, cuáles tienen carácter ganancial y qué obligaciones deben considerarse al momento de la disolución y liquidación.

Por eso, antes de disponer de un inmueble, vender un vehículo, transferir un negocio o alcanzar un acuerdo sobre el patrimonio familiar, es importante conocer cuáles son los derechos y obligaciones que establece la legislación paraguaya.

¿Qué es el régimen patrimonial del matrimonio?

El régimen patrimonial del matrimonio establece las reglas que determinan cómo se administran los bienes, cómo se generan las obligaciones económicas y qué sucede con el patrimonio de los cónyuges durante y después del matrimonio.

La Ley N.º 1/92 reconoce tres regímenes patrimoniales matrimoniales:

  • Comunidad de gananciales bajo administración conjunta.
  • Régimen de participación diferida.
  • Régimen de separación de bienes.

Los cónyuges pueden elegir el régimen que desean adoptar mediante las correspondientes capitulaciones matrimoniales. Si no existen capitulaciones, o estas fueran nulas o anuladas, la legislación establece como régimen aplicable la comunidad de gananciales bajo administración conjunta.

Esta distinción es importante porque el tratamiento de los bienes puede cambiar considerablemente según el régimen elegido.

¿Qué son los bienes propios y los bienes gananciales?

Una de las primeras cuestiones que debe analizarse cuando existe un conflicto patrimonial es diferenciar los bienes propios de los bienes gananciales.

Los bienes propios pertenecen individualmente a uno de los cónyuges. Entre ellos se encuentran, en determinadas circunstancias, los bienes que ya pertenecían a una persona antes de contraer matrimonio, así como aquellos recibidos durante la unión por herencia, legado o donación. La Ley N.º 1/92 también contempla otros supuestos específicos de bienes propios.

Los bienes gananciales, por su parte, son aquellos que la legislación considera comunes dentro del régimen de comunidad.

Entre ellos pueden encontrarse bienes obtenidos durante el matrimonio mediante el trabajo, comercio, profesión u oficio de cualquiera de los cónyuges, así como bienes adquiridos a título oneroso con recursos comunes.

¿Todo lo adquirido durante el matrimonio es ganancial?

No necesariamente.

Este es uno de los puntos que más confusión genera cuando una pareja atraviesa una separación.

La existencia de un matrimonio no significa que absolutamente todos los bienes que posea cada cónyuge deban dividirse al finalizar la relación.

La legislación distingue entre los bienes propios y los bienes gananciales y establece diferentes situaciones en las que un bien adquirido durante el matrimonio puede mantener carácter propio.

Por ejemplo, la Ley N.º 1/92 contempla como bienes propios aquellos adquiridos durante la unión por herencia, legado o donación, así como determinados bienes adquiridos con dinero propio bajo las condiciones establecidas legalmente.

Por eso, para determinar qué corresponde a cada persona, es necesario analizar el origen del bien y la forma en que fue adquirido.

¿Qué pasa con una casa que está a nombre de uno de los cónyuges?

Esta es una de las preguntas más frecuentes cuando llega el momento de dividir el patrimonio.

Es común pensar que si una casa, terreno o departamento figura exclusivamente a nombre de uno de los esposos, automáticamente queda fuera de cualquier discusión.

Sin embargo, la situación puede requerir un análisis más amplio.

Si el inmueble fue adquirido durante la vigencia de la comunidad y mediante recursos comunes, la legislación puede considerarlo un bien ganancial, aunque la adquisición figure a nombre de uno solo de los cónyuges. La Ley N.º 1/92 establece expresamente esta situación respecto de los bienes obtenidos a título oneroso a costa del caudal común.

¿Las deudas también forman parte del problema?

La Ley N.º 1/92 establece cuáles son las cargas de la comunidad y dispone reglas sobre la responsabilidad frente a determinadas obligaciones.

Por otro lado, cada cónyuge responde con sus bienes propios por sus deudas propias, sin perjuicio de las reglas específicas previstas para la ejecución sobre la porción correspondiente de gananciales.

Por eso, antes de repartir bienes, también es necesario conocer qué obligaciones existen y a quién corresponden.

¿Qué significa liquidar la comunidad conyugal?

La liquidación de la comunidad conyugal consiste, en términos generales, en determinar cuáles son los bienes comunes, cuáles son las obligaciones existentes y qué corresponde a cada parte una vez realizadas las operaciones necesarias.

Para ello pueden resultar necesarios un inventario y la tasación de los bienes.

El Código Civil establece que, presentada la solicitud de disolución, debe procederse al inventario y tasación de los bienes, y el juzgado puede disponer medidas cautelares y designar un administrador provisional cuando corresponda.

Esto puede adquirir especial importancia cuando existe riesgo de que durante el conflicto alguno de los cónyuges intente disponer de bienes que podrían formar parte de la comunidad.

¿Qué documentos conviene reunir ante una separación?

Cuando existe una separación o un divorcio y hay bienes que deben analizarse, la documentación puede ser determinante.

Entre los documentos que pueden resultar relevantes se encuentran:

  • títulos de propiedad;
  • contratos de compraventa;
  • documentos de vehículos;
  • comprobantes de pago;
  • transferencias bancarias;
  • documentación de préstamos;
  • documentos societarios;
  • comprobantes de inversiones;
  • documentos relacionados con herencias o donaciones;
  • y comprobantes de mejoras realizadas sobre bienes.

Con esta información es posible reconstruir con mayor precisión cómo se formó el patrimonio y cuál puede ser el tratamiento jurídico de cada bien.

Cada divorcio tiene una realidad patrimonial diferente

No existe una única respuesta para todos los casos.

Un matrimonio puede tener solamente algunos bienes muebles, mientras que otro puede contar con inmuebles, vehículos, inversiones, empresas, préstamos y patrimonio adquirido en diferentes momentos.

También puede ocurrir que uno de los cónyuges haya recibido una herencia, que determinados bienes hayan sido adquiridos antes del matrimonio o que durante la vida en común se hayan realizado importantes inversiones sobre bienes propios.

Por eso, el régimen de bienes en el divorcio debe analizarse de acuerdo con las circunstancias concretas de cada matrimonio.

Asesoramiento jurídico en régimen patrimonial y divorcio

El final de un matrimonio no implica solamente una decisión personal. Cuando existe un patrimonio construido durante años de vida en común, también es necesario determinar cómo se administrarán, protegerán y liquidarán los bienes y obligaciones correspondientes.

Conocer el régimen patrimonial del matrimonio, identificar los bienes propios y gananciales y analizar correctamente la documentación puede ayudar a evitar conflictos y decisiones que posteriormente sean difíciles de revertir.

En el Estudio Jurídico Delvalle Achar, brindamos asesoramiento jurídico en Derecho de Familia, divorcio, separación, régimen patrimonial, disolución y liquidación de la comunidad conyugal, acompañando a nuestros clientes en el análisis de sus derechos y obligaciones.

Cuando un matrimonio termina, conocer qué ocurre con el patrimonio también forma parte de proteger el futuro.

 

La incorporación de la Inteligencia Artificial en empresas y organizaciones está transformando la manera de gestionar información, desarrollar productos, automatizar procesos y tomar decisiones. Sin embargo, este avance tecnológico también plantea nuevos riesgos legales de la Inteligencia Artificial, especialmente en materia de protección de datos, propiedad intelectual, confidencialidad, contratos y responsabilidad.

En el Estudio Jurídico Delvalle Achar brindamos asesoramiento jurídico en Inteligencia Artificial, orientado a identificar y prevenir los riesgos legales derivados del uso de estas herramientas, acompañando a empresas, profesionales y proyectos tecnológicos en sus procesos de transformación digital.

Asesoramiento jurídico en Inteligencia Artificial

La utilización de herramientas de Inteligencia Artificial puede generar importantes oportunidades para mejorar procesos, optimizar recursos y aumentar la eficiencia empresarial. Sin embargo, su implementación requiere analizar previamente las consecuencias jurídicas relacionadas con el tratamiento de información, la generación de contenidos y la automatización de determinadas actividades.

Nuestro asesoramiento jurídico busca ayudar a las empresas a incorporar la Inteligencia Artificial de manera responsable, estableciendo criterios legales que permitan reducir contingencias y proteger sus activos, información y operaciones.

Asesoramiento jurídico sobre Inteligencia Artificial para empresas

Protección de datos y Inteligencia Artificial

El uso de sistemas de IA puede implicar el tratamiento, almacenamiento o procesamiento de información. Por ello, resulta fundamental analizar las obligaciones relacionadas con la protección de datos personales y establecer mecanismos adecuados para reducir riesgos jurídicos.

Propiedad intelectual y contenidos generados por IA

La generación de textos, imágenes, códigos y otros contenidos mediante Inteligencia Artificial plantea cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, titularidad, utilización y protección de los contenidos y activos digitales.

Contratos y plataformas tecnológicas

La contratación de servicios de Inteligencia Artificial requiere revisar las condiciones de uso, licencias, responsabilidades, tratamiento de información, confidencialidad y demás obligaciones establecidas por los proveedores tecnológicos.

Confidencialidad y protección de información empresarial

La utilización de herramientas de IA dentro de una organización debe contemplar mecanismos para evitar la exposición indebida de información confidencial, secretos empresariales, documentos internos y otros datos estratégicos.

Principales áreas de asesoramiento jurídico

  • Implementación y utilización empresarial de Inteligencia Artificial.
  • Protección de datos personales y tratamiento de información mediante herramientas de IA.
  • Propiedad intelectual y contenidos generados mediante Inteligencia Artificial.
  • Revisión de contratos y condiciones de servicios de plataformas tecnológicas.
  • Confidencialidad y protección de información empresarial.
  • Responsabilidad jurídica derivada del uso de sistemas automatizados.
  • Elaboración de políticas internas para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial.
  • Auditoría legal de proyectos y soluciones tecnológicas.
  • Comercio electrónico y transformación digital.
  • Prevención de riesgos jurídicos en proyectos de innovación tecnológica.

Inteligencia Artificial, innovación y seguridad jurídica

La innovación tecnológica requiere también una adecuada planificación jurídica. Las empresas que incorporan Inteligencia Artificial deben considerar no solamente las posibilidades que ofrecen estas herramientas, sino también las obligaciones y riesgos que pueden surgir de su utilización.

Contar con asesoramiento jurídico preventivo desde las primeras etapas permite identificar posibles contingencias, establecer mecanismos de prevención y desarrollar una estrategia adecuada para proteger la información, los activos y los intereses de la organización.Asesoramiento jurídico sobre Inteligencia Artificial para empresas

Prevención de riesgos legales en proyectos de IA

La evaluación jurídica de un proyecto tecnológico permite anticipar posibles conflictos y establecer criterios para un uso adecuado de las herramientas de Inteligencia Artificial.

Analizar los riesgos antes de implementar una solución de IA puede contribuir a una gestión más segura de la información, los contratos, los contenidos y las relaciones con clientes, proveedores y terceros.

Soluciones jurídicas para empresas que utilizan Inteligencia Artificial

La tecnología avanza rápidamente y la seguridad jurídica debe acompañar ese proceso.

Si su empresa utiliza o planea incorporar herramientas de Inteligencia Artificial, contar con asesoramiento jurídico preventivo puede ayudarle a identificar riesgos, proteger sus activos y tomar decisiones con mayor seguridad.

En el Estudio Jurídico Delvalle Achar, acompañamos a empresas, profesionales y proyectos tecnológicos en la identificación y prevención de riesgos legales relacionados con la Inteligencia Artificial, protección de datos, propiedad intelectual, tecnología y transformación digital, ofreciendo soluciones jurídicas adaptadas a las nuevas necesidades del entorno empresarial.

Antes de concretar una adquisición, ingresar como socio en una empresa o realizar una inversión, conocer únicamente la situación financiera del negocio puede no ser suficiente. También resulta fundamental conocer qué obligaciones, contratos, procesos, activos y contingencias jurídicas existen detrás de la operación.

En este contexto, la Due Diligence Legal se convierte en una herramienta estratégica para analizar la situación jurídica de una empresa, un negocio o determinados activos antes de asumir compromisos que posteriormente podrían generar costos, conflictos o responsabilidades.

Una operación puede parecer atractiva desde el punto de vista comercial y financiero, pero una revisión jurídica puede revelar obligaciones pendientes, contratos que limitan determinadas decisiones, litigios en curso, problemas societarios, gravámenes sobre bienes o contingencias laborales y tributarias que no siempre resultan evidentes en una primera evaluación.

¿Qué se busca conocer antes de cerrar una operación?

El objetivo de una Due Diligence Legal no consiste simplemente en reunir documentos. Se trata de analizar la información disponible para identificar situaciones que puedan afectar la seguridad jurídica, el valor o las condiciones de una operación.

La profundidad de la revisión depende de las características de cada caso. Una adquisición empresarial puede requerir un análisis amplio de la sociedad y sus relaciones comerciales, mientras que una operación inmobiliaria puede concentrarse especialmente en la titularidad, antecedentes registrales, gravámenes y restricciones existentes sobre el inmueble.

Por esta razón, la revisión jurídica debe adaptarse al tipo de inversión y a los riesgos propios de cada operación.

Análisis de riesgos empresariales durante un proceso de Due Diligence Legal

Una revisión que puede revelar riesgos antes de que se conviertan en problemas

Uno de los aspectos más relevantes de este proceso es la posibilidad de detectar contingencias antes de firmar un contrato o asumir una obligación.

Situación corporativa y societaria

En materia societaria y corporativa, pueden revisarse los estatutos, poderes, composición accionaria, documentación societaria, decisiones de los órganos de gobierno y antecedentes relacionados con la estructura de la empresa.

Este análisis permite conocer si la sociedad se encuentra correctamente organizada y si existen situaciones que puedan afectar la operación que se pretende realizar.

Contratos y relaciones comerciales

En el ámbito contractual, el análisis puede revelar obligaciones que continuarán vigentes después de una adquisición, cláusulas de terminación, penalidades, garantías, restricciones para transferir derechos o condiciones que podrían afectar el desarrollo de la operación.

La revisión de contratos comerciales adquiere especial importancia cuando se trata de adquisiciones, fusiones, inversiones, asociaciones estratégicas o transferencias de negocios.

Obligaciones tributarias y laborales

También resulta relevante verificar la existencia de obligaciones tributarias y laborales, especialmente cuando la operación implica adquirir una empresa o continuar con un negocio que mantiene relaciones con trabajadores, proveedores, clientes y autoridades administrativas.

La identificación de estas obligaciones permite evaluar posibles responsabilidades futuras y considerar los riesgos dentro de la negociación.

Los activos también requieren una revisión jurídica

Cuando una operación involucra inmuebles, participaciones societarias, derechos, maquinaria u otros activos relevantes, determinar quién es su titular y bajo qué condiciones pueden ser transferidos resulta fundamental.

En el caso de los inmuebles, por ejemplo, pueden existir gravámenes, garantías, restricciones, antecedentes registrales o situaciones jurídicas que deben ser identificadas antes de avanzar con la operación.

Una revisión anticipada permite conocer estas circunstancias y, cuando corresponde, adoptar medidas para resolverlas o incorporarlas dentro de la negociación.

Due Diligence Legal para revisión y análisis de documentos empresariales

Litigios y contingencias: una variable que no puede quedar fuera

Otro de los puntos que puede modificar significativamente la evaluación de una empresa es la existencia de procesos judiciales, administrativos o conflictos contractuales.

Una sociedad puede encontrarse involucrada en litigios que representen obligaciones económicas actuales o futuras. Por ello, conocer estos procesos antes de una adquisición o inversión permite valorar sus posibles consecuencias y determinar cómo deberían ser considerados dentro de la operación.

La Due Diligence Legal no necesariamente implica que la existencia de una contingencia deba impedir una operación. En muchos casos, el conocimiento oportuno del riesgo permite negociar mejores condiciones, establecer garantías adicionales, modificar determinadas cláusulas contractuales o adoptar medidas para reducir la exposición jurídica.

La información jurídica también influye en las decisiones empresariales

Una de las principales ventajas de realizar una Due Diligence Legal antes de una operación es que permite tomar decisiones con mayor información.

Por eso, más que una simple revisión documental, la Due Diligence Legal puede convertirse en una herramienta de prevención y planificación jurídica para operaciones empresariales, societarias y comerciales.

El análisis puede contribuir a determinar si resulta conveniente avanzar, renegociar determinadas condiciones, solicitar garantías adicionales, corregir situaciones pendientes o incluso reconsiderar una operación cuando los riesgos identificados resulten incompatibles con los objetivos de la inversión.

Asesoramiento jurídico antes de asumir compromisos

Cada operación presenta características y riesgos diferentes. Una adquisición empresarial no plantea las mismas cuestiones jurídicas que una inversión inmobiliaria, una incorporación de nuevos socios o una asociación estratégica.

Una revisión jurídica realizada antes de tomar una decisión puede marcar una diferencia importante: conocer los riesgos antes de asumirlos permite negociar, prevenir y decidir con mayor seguridad.

Incentivos Fiscales para la Inversión Extranjera en Paraguay: El Régimen de Maquila y la Ley 60/90

 

En el competitivo escenario económico global, Paraguay se ha consolidado firmemente como uno de los destinos más atractivos para la radicación de capitales internacionales dentro de América Latina. Su estabilidad macroeconómica de largo plazo, combinada con una de las estructuras tributarias más bajas de la región, ofrece un terreno sumamente fértil para la expansión corporativa. Sin embargo, el verdadero catalizador para los negocios internacionales radica en sus regímenes especiales de incentivos jurídicos y económicos. Para los directores de fondos, multinacionales y empresarios extranjeros, la pregunta central ya no es si vale la pena desembarcar en el país, sino bajo qué estructura legal maximizarán su rentabilidad.

Desde la perspectiva del Estudio Jurídico Delvalle Achar, entendemos que una adecuada planificación fiscal internacional es el pilar de cualquier inversión segura y exitosa. Por ello, en este análisis desglosamos y contrastamos las dos herramientas jurídicas más potentes que el marco normativo paraguayo pone a disposición de los inversores: el Régimen de Maquila y la Ley 60/90 de Inversiones.

Análisis de los Regímenes de Incentivo Fiscal

 

1. El Régimen de Maquila: Eficiencia y Exportación con Tributo Único

El Régimen de Maquila (regulado por la Ley N.° 1064/97) está diseñado con precisión quirúrgica para aquellas empresas que buscan instalar operaciones en Paraguay con el objetivo de procesar bienes o servicios y luego exportarlos al resto del mundo. Bajo este esquema, una corporación matriz ubicada en el extranjero contrata a una empresa domiciliada en Paraguay (maquiladora) para que realice la producción total o parcial de un producto tangible o intangible.

La mayor ventaja de este modelo radica en su agresiva simplificación tributaria. Las empresas operan bajo la exoneración de prácticamente todos los impuestos ordinarios (como el Impuesto a la Renta Empresarial – IRE o el IVA de plaza) y, en su lugar, quedan sujetas a un tributo único del 1%. Este porcentaje se aplica directamente sobre el valor agregado en territorio paraguayo o sobre la facturación bruta (lo que sea mayor).

A esto se le suma un beneficio crítico para la liquidez: la suspensión temporal de aranceles aduaneros e IVA sobre las materias primas, maquinarias e insumos importados bajo el régimen de admisión temporaria. Mientras los productos importados se utilicen para el proceso productivo y su posterior reexportación, el costo impositivo en frontera es igual a cero.

2. La Ley 60/90: Blindaje Fiscal para la Importación de Bienes de Capital

A diferencia de la Maquila, que mira de manera casi exclusiva hacia los mercados exteriores, la Ley 60/90 de incentivos fiscales para la inversión de capital está orientada a proyectos que requieren un despliegue de infraestructura masivo, sin importar si el destino final de la producción es el mercado interno paraguayo o la exportación. Es, por excelencia, el régimen predilecto para industrias pesadas, proyectos agroindustriales, desarrollos inmobiliarios corporativos, tecnología y obras de gran envergadura.

Los beneficios medulares de la Ley 60/90 se concentran fuertemente en la fase de instalación y equipamiento de la planta productiva. Otorga una exoneración total de aranceles e IVA a la importación de bienes de capital (maquinarias pesadas, equipos de última generación, herramientas y componentes industriales indispensables para el proyecto).

Asimismo, para inversiones que superen los montos mínimos fijados por la normativa, el régimen otorga una valiosa liberación del impuesto sobre las remesas de dividendos y utilidades al exterior por un plazo de hasta diez años. Esto garantiza al inversionista extranjero una repatriación de capitales sumamente eficiente desde el primer día de rentabilidad.

3. ¿Cómo decidir el camino legal correcto?

La elección entre el Régimen de Maquila y la Ley 60/90 no es excluyente en la política económica del país, pero responde a modelos de negocios diametralmente opuestos. Si un inversionista extranjero desea montar una planta de ensamblaje de autopartes, confección textil o incluso un centro de desarrollo de software para proveer a matrices en Brasil, la región del Mercosur o los Estados Unidos, la Maquila es la opción imbatible debido a su tasa del 1%.

Por otro lado, si el proyecto consiste en instalar una planta procesadora de alimentos para abastecer el consumo local, o una industria que requiere una inversión multimillonaria en activos fijos sofisticados antes de empezar a facturar, los beneficios en frontera de la Ley 60/90 resguardarán el flujo de caja y la liquidez de la compañía durante los años críticos de inicio.

El Valor de un Aliado Estratégico Local

Aprovechar con éxito estas ventajas impositivas requiere de un riguroso proceso de estructuración societaria, la redacción de contratos internacionales sólidos y una tramitación administrativa impecable ante el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Un error formal en la postulación de los proyectos puede derivar en la denegación de los beneficios o, peor aún, en contingencias fiscales sumamente gravosas.

En el Estudio Jurídico Delvalle Achar, acompañamos al inversor internacional desde el desembarco inicial, diseñando la arquitectura legal y fiscal más eficiente para blindar su capital y potenciar su rentabilidad en el mercado paraguayo.

Cooperación internacional, mercados de carbono e inversión extranjera: El nuevo tablero legal de Paraguay

El ecosistema de negocios en Paraguay experimenta una transformación normativa sin precedentes. La consolidación del grado de inversión ha impulsado al Gobierno a diseñar un marco jurídico altamente competitivo, alineado con los estándares globales de sostenibilidad, digitalización y apertura de mercados. Para las corporaciones multinacionales y los fondos de capital privado, comprender esta evolución es indispensable para mitigar riesgos y estructurar transacciones seguras.

Desde la plataforma de consultoría corporativa de Estudio Jurídico Delvalle Achar, evaluamos el impacto técnico de las recientes reformas que reconfiguran el escenario legal y económico del país.

El Paraguay Investor Pass y la simplificación migratoria corporativa

La vigencia de la Resolución MIC Nº 283/2026 ha consolidado el programa Paraguay Investor Pass como la herramienta más eficiente para la atracción de flujos de capital. Operado a través del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), este mecanismo unifica los trámites de radicación con la inversión real.

Al obtener la Constancia de Inversionista Extranjero (CIE), los empresarios acceden a una vía preferencial hacia la residencia permanente. El programa exige compromisos específicos según el sector: desde USD 70.000 con la creación de cinco empleos formales en proyectos productivos, hasta USD 200.000 para adquisiciones en el sector de inversiones inmobiliarias de renta o activos en el mercado de valores.

Consolidación del Mercado de Créditos de Carbono bajo el Decreto Nº 3369/2025

La operatividad de los activos ambientales ha dado un salto cualitativo mediante la implementación del Decreto Nº 3369/2025, el cual reglamenta la legislación de protección y comercialización de la mitigación ambiental. Esta norma define las competencias del Registro Nacional de Créditos de Carbono (RNCC) bajo la supervisión del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

La reglamentación establece salvaguardas estrictas para evitar la doble contabilidad de las reducciones de emisiones, facilitando las transferencias internacionales de mitigación alineadas al Artículo 6 del Acuerdo de París. Con esto, el país se posiciona como una jurisdicción de alta integridad para la originación y estructuración de contratos de créditos de carbono.

Gobernanza digital y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales

En materia de cumplimiento y gestión de activos tecnológicos, la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley Nº 7593/2025) introduce obligaciones corporativas rigurosas inspiradas en estándares internacionales como el RGPD europeo. Las empresas deben reestructurar sus bases de datos bajo nuevos criterios de legitimación y consentimiento explícito.

El marco normativo exige la implementación de auditorías preventivas, la creación de protocolos de seguridad informática y, en casos específicos, el nombramiento de delegados de protección de datos. El diseño de políticas de privacidad robustas es ahora un requisito esencial de compliance corporativo para evitar severas sanciones administrativas.

Desmonopolización energética y el impulso a las Energías Renovables

El sector de infraestructura estratégica ha iniciado una apertura histórica mediante la promulgación del Decreto Nº 6034/2026. Esta disposición avanza en la liberalización y regulación de las energías renovables no convencionales (ERNC), rompiendo la exclusividad operativa tradicional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en los eslabones de generación eléctrica.

La normativa define los criterios técnicos para la interconexión a la red de distribución, el cobro de peajes de transporte y las condiciones para contratos privados de compra de energía (PPA). Este escenario posiciona al país como un polo receptor de capitales para proyectos de energía solar a gran escala, biomasa e hidrógeno verde bajo lineamientos ESG.

Factoring de Deuda Pública en la optimización del PGN

En el ámbito del derecho administrativo y las finanzas públicas, la planificación del Presupuesto General de la Nación (PGN) incorpora herramientas avanzadas de liquidez para contratistas del Estado. El desarrollo de esquemas regulados de factoring de deuda pública permite a las empresas viales y de provisión ceder sus derechos de cobro y certificados de obra al sistema financiero.

Este mecanismo reduce el costo financiero del capital de trabajo, acelera la ejecución de las obras civiles y aporta previsibilidad a los flujos de caja del sector privado. La correcta estructuración de estas cesiones de crédito frente al Ministerio de Economía y Finanzas es clave para dinamizar los contratos de contratación pública.

Asesoría jurídica especializada en negocios globales

La complejidad de este nuevo mapa regulatorio exige un respaldo legal con visión internacional y dominio técnico local. La estructuración societaria de nuevas empresas, los procesos de debida diligencia ambiental, la mitigación de riesgos fiscales y la representación ante las entidades reguladoras del Estado son fundamentales para asegurar el éxito operativo.

El equipo de derecho corporativo de Estudio Jurídico Delvalle Achar provee soluciones integrales a multinacionales, fondos de inversión y desarrolladores para canalizar sus negocios bajo las máximas garantías jurídicas que ofrece la República del Paraguay. Para iniciar una evaluación estratégica de sus proyectos, puede coordinar una entrevista a través de nuestra sección de contacto corporativo.

 

Paraguay consolida su atractivo global: Todo sobre el nuevo «Investor Pass» y sus ventajas legales

 

El escenario macroeconómico de Paraguay atraviesa uno de sus momentos más dinámicos e históricos. Tras la obtención del doble Grado de Inversión por parte de las calificadoras internacionales más prestigiosas, el Gobierno paraguayo ha dado un paso firme hacia la modernización de sus políticas de atracción de capital. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en una acción coordinada con la Dirección Nacional de Migraciones, ha puesto en vigencia la Resolución MIC Nº 283/2026, creando el revolucionario programa denominado “Paraguay Investor Pass”.

 

Esta nueva herramienta jurídica y migratoria unifica, agiliza y flexibiliza los criterios para que los empresarios internacionales obtengan la residencia permanente en el país, vinculando de forma directa la radicación legal con la inyección de capital productivo, financiero e inmobiliario en la economía nacional. Desde Estudio Jurídico Del Valle Achar, analizamos en profundidad este nuevo marco normativo, sus modalidades y las implicancias corporativas para el inversor extranjero.

¿Qué es el Paraguay Investor Pass y cómo transforma el proceso migratorio?

 

Históricamente, los trámites de radicación para inversionistas requerían complejas validaciones que ralentizaban la llegada del capital. El Investor Pass funciona bajo el amparo del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), operando como una ventanilla única que integra procesos migratorios, tributarios y de identificación.

A través de la emisión de la nueva Constancia de Inversionista Extranjero (CIE), el programa exonera o simplifica sustancialmente los requisitos tradicionales de solvencia, permitiendo que la propia naturaleza de la inversión acredite la elegibilidad jurídica del solicitante. El objetivo gubernamental es claro: posicionar a Paraguay como el hub logístico, financiero y de servicios más competitivo del Cono Sur.

Las 4 modalidades de inversión bajo la Resolución MIC Nº 283/2026

 

El nuevo marco normativo destaca por su versatilidad, segmentando los tipos de inversiones elegibles en cuatro categorías bien delimitadas, con montos mínimos expresados en dólares americanos (USD) o su equivalente en guaraníes:

1. Inversiones Productivas (Industria, Comercio y Servicios)

Monto mínimo: USD 70.000 (o su equivalente legal).

Requisitos específicos: Presentación y aprobación previa de un riguroso Plan de Negocios ante el SUACE y el compromiso de generar un mínimo de cinco (5) empleos formales directos para ciudadanos paraguayos. Las erogaciones deben estar estrictamente vinculadas al desarrollo del objeto social de la compañía.

2. Inversiones Inmobiliarias

Monto mínimo: USD 200.000 (o su equivalente legal).

Requisitos específicos: Adquisición, desarrollo o explotación de bienes raíces orientados a la generación de rentas, plusvalía o proyectos de desarrollo inmobiliario. Nota jurídica clave: Quedan expresamente excluidas de este beneficio las compras de inmuebles destinadas exclusivamente al uso personal o familiar del inversor. No requiere plan de negocios ni creación mínima de empleo.

3. Inversiones en Instrumentos Financieros (Mercado de Valores)

Monto mínimo: USD 200.000 (o su equivalente legal).

Requisitos específicos: Inyecciones de capital mediante la adquisición de títulos, bonos o instrumentos regulados dentro del mercado de capitales paraguayo. Este capital debe mantenerse en el país por un plazo mínimo de dos (2) años y la estructura societaria o individual queda sujeta a la presentación de reportes anuales de cumplimiento. Exime al solicitante de planes de negocio o contratación de personal.

4. Inversiones Turísticas

Monto mínimo: USD 150.000 (o su equivalente legal).

Requisitos específicos: Destinado al financiamiento de infraestructuras, bienes y proyectos de servicios de hotelería, esparcimiento y ecoturismo, impulsando el desarrollo de la infraestructura receptiva del país, especialmente en zonas estratégicas del interior.

¿Por qué tramitar su Investor Pass con un respaldo legal corporativo?

 

Si bien el Paraguay Investor Pass reduce la burocracia estatal, la aprobación de la Constancia de Inversionista Extranjero (CIE) y el correcto diseño de los Planes de Negocio, auditorías de capital de origen (Compliance / ALA/CFT) y estructuración de contratos inmobiliarios o financieros requieren de un riguroso estándar jurídico.

Un error formal en la presentación de los flujos financieros, la documentación del país de origen o el incumplimiento en el cronograma de inversión ante el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) puede resultar en la revocación de la constancia y, por consecuencia, en la cancelación de la residencia permanente.

 

En Estudio Jurídico DelValle Achar, ofrecemos un servicio integral de consultoría end-to-end para inversores globales:

 

Estructuración de vehículos societarios (S.A., S.A.E.C.A., EAS).

Elaboración y defensa técnica de Planes de Negocios ante el SUACE.

Due Diligence corporativo e inmobiliario para adquisiciones de USD 200.000+.

Asesoramiento fiscal y optimización impositiva bajo el régimen tributario paraguayo.

Patrocinio legal completo ante la Dirección Nacional de Migraciones para la obtención de la residencia permanente.

 

Paraguay ofrece estabilidad cambiaria, una de las cargas tributarias más bajas de la región (triple 10%) y ahora, un canal diplomático y migratorio preferencial a través del Investor Pass. Es el momento idóneo para expandir sus operaciones.

Proteja su capital y asegure su residencia legal en Paraguay de la mano de expertos en derecho corporativo internacional. Contacte hoy mismo con Estudio Jurídico DelValle Achar para agendar una consulta estratégica corporativa.

En el complejo escenario jurídico actual, el desconocimiento de las normativas de protección puede dejar a ciudadanos y empresas en una posición de vulnerabilidad. La Responsabilidad Civil por Daños y los Derechos del Consumidor en Paraguay son dos pilares fundamentales que garantizan el equilibrio en las relaciones comerciales y civiles.

La Responsabilidad Civil: ¿Cuándo surge el derecho a una indemnización?

 

La responsabilidad civil es la obligación legal de reparar el daño causado a otra persona.

En nuestra legislación, para que exista una acción de daños y perjuicios con éxito, deben concurrir cuatro elementos esenciales:

 

  • La Antijuridicidad: Una acción u omisión que contravenga el ordenamiento jurídico.
  • El Factor de Atribución: Ya sea por dolo (intención) o culpa (negligencia/impericia).
  • El Nexo Causal: La relación directa entre el hecho y el daño producido.
  • El Daño Real: La existencia de un perjuicio evaluable económicamente o moralmente.

Tipos de daños resarcibles

 

Un error común es pensar que solo se indemniza la pérdida material directa. En una demanda profesional, nuestro estudio evalúa:

 

  1. Daño Emergente: La pérdida líquida y tangible sufrida.
  2. Lucro Cesante: Lo que el afectado dejó de percibir como consecuencia del hecho.
  3. Daño Moral: La lesión a los sentimientos, la paz y la dignidad del afectado, cuya cuantificación requiere una estrategia jurídica sólida.

Derechos del Consumidor: Más allá de la compraventa

 

En Paraguay, la Ley 1334/98 de Defensa del Consumidor establece un marco de protección para quienes adquieren bienes o servicios. Sin embargo, muchos consumidores desconocen que tienen herramientas legales ante abusos de grandes proveedores.

 

Los puntos críticos donde suele intervenir el asesoramiento legal especializado incluyen:

 

  • Publicidad Engañosa: Cuando lo ofrecido no coincide con la realidad del producto o servicio.
  • Contratos de Adhesión: Cláusulas abusivas en contratos de telefonía, seguros o servicios financieros que limitan los derechos del usuario.
  • Garantías Legales: El derecho a la reparación, sustitución o devolución del dinero ante productos defectuosos.

El Proceso de Reclamo: De la SEDECO a la instancia Judicial

 

El camino para obtener justicia comienza, a menudo, con una denuncia administrativa ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO). No obstante, cuando el daño es significativo o la vía administrativa no ofrece una solución satisfactoria, es imperativo iniciar una demanda civil por responsabilidad.

 

La jurisprudencia paraguaya ha evolucionado para proteger cada vez más a la parte más débil de la relación jurídica, pero la clave del éxito reside en la correcta presentación de pruebas y la argumentación técnica de los peritos.

¿Cómo puede ayudarle el Estudio Jurídico Del Valle Achar?

 

Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en litigios de alta complejidad relacionados con la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Entendemos que cada caso es único y requiere un análisis exhaustivo para determinar la viabilidad de la indemnización por daños.

Si usted considera que sus derechos como consumidor han sido vulnerados o ha sufrido un daño por negligencia de terceros, no permita que los plazos de prescripción expiren.

 

¿Necesita una evaluación de su caso?
Contacte con nuestros especialistas en Derecho Civil y Defensa del Consumidor para una consulta técnica.

 

Juicio Sucesorio: Herencias, Requisitos y Proceso Legal

Las sucesiones en Paraguay constituyen el proceso legal mediante el cual se transmiten los bienes, derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos. Este procedimiento se encuentra regulado por el Código Civil Paraguayo y es obligatorio para formalizar la transferencia del patrimonio.

¿Qué es la sucesión?

La sucesión hereditaria se inicia con el fallecimiento de una persona (causante), momento en el cual sus bienes pasan automáticamente a sus herederos. Sin embargo, para que esta transmisión tenga efectos legales plenos, es necesario tramitar el juicio sucesorio en Paraguay.

Tipos de sucesión en Paraguay

Sucesión intestada

La sucesión intestada ocurre cuando el fallecido no dejó testamento. En este caso, la ley determina quiénes heredan:

  • Descendientes (hijos)
  • Cónyuge sobreviviente
  • Ascendientes (padres)
  • Parientes colaterales

El principio general establece que el familiar más cercano excluye al más lejano.

Sucesión testamentaria

La sucesión testamentaria se da cuando existe un testamento válido. No obstante, el testador debe respetar la legítima hereditaria, que protege a los herederos forzosos:

  • Hijos
  • Cónyuge
  • Ascendientes

Juicio sucesorio en Paraguay

El proceso sucesorio en Paraguay es judicial y obligatorio. No es posible transferir bienes sin la correspondiente declaratoria de herederos.

Las principales etapas son:

  1. Presentación de la demanda
  2. Publicación de edictos
  3. Comparecencia de herederos
  4. Declaratoria de herederos
  5. Adjudicación de bienes

Aspectos clave del derecho sucesorio

  • Transmisión automática: los bienes pasan a los herederos desde el fallecimiento.
  • Incluye deudas: la herencia comprende activos y obligaciones.
  • Representación hereditaria: los descendientes pueden heredar por sustitución.
  • Aplicación de la ley: rige el último domicilio del causante.

Problemas frecuentes en sucesiones

  • Conflictos entre herederos
  • Falta de documentación
  • Bienes no regularizados
  • Deudas del causante
  • Impugnación de testamentos

Estos inconvenientes pueden extender el juicio sucesorio durante años si no se cuenta con asesoramiento adecuado.

Importancia del asesoramiento legal

Contar con un abogado especializado en derecho sucesorio en Paraguay permite:

  • Evitar errores procesales
  • Reducir tiempos
  • Proteger los derechos hereditarios
  • Prevenir conflictos familiares

Las sucesiones en Paraguay son un proceso legal fundamental para garantizar la correcta transmisión del patrimonio. Actuar con asesoramiento profesional es clave para lograr una resolución eficiente y segura.

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Te invitamos a conocer los servicios del Estudio Jurídico delValle Achar, especialistas en sucesiones, derecho civil y asesoramiento integral.

Cómo negociar deudas tributarias en Paraguay sin perder beneficios

 

La negociación de deudas tributarias es una herramienta fundamental para contribuyentes que buscan regularizar su situación fiscal ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sin perder beneficios legales. Una gestión adecuada permite acceder a facilidades de pago, evitar sanciones mayores y optimizar la carga financiera dentro del marco normativo vigente.

 

Importancia de una correcta estrategia tributaria

 

Negociar una deuda tributaria no se limita al pago de obligaciones pendientes. Implica un análisis detallado de la deuda, la verificación de periodos fiscales, la revisión de intereses y sanciones, así como la correcta aplicación de regímenes especiales disponibles.

Una estrategia mal ejecutada puede generar la pérdida de beneficios como reducciones de recargos, facilidades de fraccionamiento o incluso la caducidad de acuerdos previamente otorgados por la administración tributaria.

 

Claves para no perder beneficios fiscales

 

  • Determinación precisa de la deuda: identificar correctamente montos, periodos y obligaciones.
  • Presentación adecuada de solicitudes: cumplir con todos los requisitos formales exigidos por la DNIT.
  • Cumplimiento de plazos: respetar fechas establecidas para evitar sanciones adicionales.
  • Seguimiento del acuerdo: mantener al día los pagos para evitar la caducidad del beneficio.

Asesoramiento legal en negociación de deudas tributarias

Contar con asesoramiento jurídico especializado es clave para garantizar una negociación eficiente. El Estudio Jurídico Delvalle Achar ofrece un servicio integral en derecho tributario, enfocado en la regularización de deudas, planificación fiscal y defensa ante procedimientos administrativos.

El estudio brinda acompañamiento en:

  • Evaluación de la situación tributaria del contribuyente.
  • Negociación de deudas ante la DNIT.
  • Acceso a regímenes excepcionales y beneficios fiscales.
  • Elaboración y presentación de solicitudes formales.
  • Seguimiento de planes de pago y cumplimiento normativo.

Para conocer más sobre nuestros servicios, visite:
Áreas de experiencia del Estudio Jurídico Delvalle Achar.

Soluciones efectivas para regularizar su situación fiscal

 

La correcta negociación de deudas tributarias permite evitar riesgos legales y optimizar recursos financieros. Cada caso requiere un enfoque estratégico y personalizado que garantice el acceso a los beneficios disponibles sin comprometer la seguridad jurídica del contribuyente.

Si usted o su empresa necesitan asesoramiento para negociar deudas tributarias sin perder beneficios, puede contactar al estudio en el siguiente enlace:
Estudio Jurídico Delvalle Achar.

Contar con respaldo profesional marca la diferencia entre una gestión improvisada y una solución efectiva dentro del marco legal vigente en Paraguay.

Régimen Excepcional de Pagos ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)

 

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha actualizado su plataforma institucional en la sección de Pagos para ofrecer información y herramientas destinadas a la correcta gestión de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. En particular, se destaca la implementación de un Régimen Excepcional y Transitorio para la regularización de determinadas deudas impositivas, conforme al Decreto N.º 5154/25, disponible en la sección “Pagos” de la DNIT.

Objeto y Finalidad del Régimen

El régimen excepcional tiene como finalidad facilitar a los contribuyentes la regularización de obligaciones fiscales vencidas, permitiendo mecanismos especiales de financiación y cumplimiento. Esta medida busca promover la formalización y el cumplimiento voluntario dentro del marco legal vigente en la República del Paraguay.

Entre sus principales características se destacan:

  • Posibilidad de fraccionamiento de deudas tributarias.
  • Condiciones especiales de pago conforme a la reglamentación aplicable.
  • Procedimientos formales de adhesión mediante solicitud expresa.
  • Regulación específica de plazos y efectos jurídicos derivados del acogimiento.

Consideraciones Jurídicas Relevantes

La adhesión al régimen excepcional implica efectos legales concretos que deben ser evaluados cuidadosamente. Resulta imprescindible analizar la situación fiscal particular de cada contribuyente, la determinación correcta de la deuda, los periodos alcanzados y las condiciones financieras establecidas por la autoridad tributaria.

Una interpretación inadecuada o el incumplimiento de las condiciones pactadas puede ocasionar la pérdida de los beneficios otorgados y la reactivación de los mecanismos de cobro previstos en la normativa tributaria.

Asesoramiento Profesional Especializado

La correcta aplicación de los regímenes de regularización requiere un análisis técnico-jurídico integral. Cada caso debe ser abordado de manera estratégica, considerando tanto los aspectos financieros como las implicancias legales y administrativas.

El Estudio Jurídico Delvalle Achar ofrece asesoramiento especializado en derecho tributario y administrativo, acompañando a contribuyentes en procesos de regularización ante la DNIT, evaluación de contingencias fiscales y estructuración de planes de cumplimiento.

Contar con respaldo jurídico adecuado permite adoptar decisiones informadas, minimizar riesgos y asegurar el cumplimiento conforme a la legislación vigente.